La justicia nacional electoral tiene previsto invitar a expertos extranjeros para “garantizar el contexto y la limpieza” de las elecciones presidenciales del 28 de octubre. Lo hará como una respuesta al casi unánime reclamo opositor de una convocatoria a veedores de organismos internacionales que diluyan las sospechas de posibles maniobras fraudulentas.
Así lo informaron fuentes que participaron ayer de una reunión entre los jueces federales electorales y el director nacional electoral, Alejandro Tullio, en la sede del Correo Argentino.
La decisión de invitar a reconocidos expertos electorales de otros países, que ya casi está tomada, se comunicará en los próximos días en la Cámara Nacional Electoral, que preside Rodolfo Munne. Será después de una audiencia de la que participarán representantes de todos los candidatos presidenciales.
Las fuentes indicaron que no se llamará a observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque la ley electoral no lo incluye como alternativa. Falta poco tiempo para los comicios y los jueces federales se oponen a esa solución. La idea de convocar, en cambio, a expertos de prestigio tiene el guiño del gobierno de Néstor Kirchner, blanco de las denuncias opositoras por las sospechas sobre falta de transparencia electoral.
El vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, adelantó a LA NACION que convocará a los partidos políticos para escuchar las opiniones de sus candidatos y apoderados.
Así haría suya la invitación de la Junta Nacional Electoral de la Capital Federal, anunciada el martes último. Según Dalla Vía dijo a LA NACION hoy se conocería la fecha de esa reunión.
Si bien el magistrado no avanzó en la posibilidad de convocar a expertos, esta reunión del consejo de partidos serviría para definir el marco jurídico y político con el que se los convocaría: no tendrán categoría de observadores, como los que envía la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el Correo Argentino, anoche, se pudo palpar que la opinión unánime de los jueces es contraria a la llegada de observadores o veedores de la OEA. Entre otros motivos, porque no hay tiempo material para llamarlos -faltan 37 días para los comicios- y porque no existe normativa jurídica en el país que regule un proceso semejante.
Los veedores gozan de garantías especiales e inmunidades diplomáticas. Deben llegar al país afectado 60 días antes de los comicios y vigilar las libertades públicas: que no haya violencia, asesinatos, proscripciones, impedimentos para votar o irregularidades en las mesas. Estos expertos, en cambio, sólo "garantizarían el contexto y la limpieza de los comicios" y serían personalidades entendidas en elecciones: jueces, funcionarios y técnicos informáticos de otros países.
Consultado sobre si el Gobierno convocará a observadores, Tullio lo descartó: "Es muy difícil incorporar la figura de veedor; no está reglamentada".
No quiso avanzar sobre la iniciativa de invitar expertos, pero agregó: "La Cámara Electoral y el Ministerio del Interior deben hacer un esfuerzo que asegure la fiscalización de los partidos a todos los pasos electorales".
Tullio adelantó que el 13 de octubre próximo el ministerio y el Correo harán un simulacro de la carga integral de las 75.000 mesas electorales, de su procesamiento y la difusión de los resultados. Invitarán a los partidos políticos y a los jueces electorales nacionales.
Entre los jueces que se congregaron ayer, sólo los de Misiones y Neuquén aseguraron que "no tendrían inconvenientes" en que se convocara a veedores.
Antecedentes
Pero ¿cuál sería la garantía con los antecedentes de cuestionamientos cercanos de los escándalos de Córdoba y de Chaco? El juez federal electoral de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, aclaró a LA NACION que la diferencia es que los comicios cordobeses del 2 de septiembre fueron provinciales y estuvieron a cargo de la jueza electoral, Marta Vidal. "Los jueces provinciales no tienen el personal, los medios ni el apoyo logístico que tenemos los jueces nacionales", señaló. "Las elecciones de octubre son otra cosa: las organizamos nosotros", ratificó. La jueza Vidal, agregó, reportaba al Ministerio de Gobierno provincial, tenía cinco computadoras, pocas escuelas, el escrutinio lo hacía el Correo y lo custodiaba la policía provincial.
En cambio, dijo, en los comicios nacionales Córdoba tendrá apoyo del Ministerio del Interior, 20 computadoras, más escuelas, el conteo lo hará la empresa Indra ,y lo custodiará el Ejército y las fuerzas federales de seguridad. "Es otra cosa completamente diferente", dijo Bustos Fierro a LA NACION.
La jueza federal porteña María Servini de Cubría se quejó: "Invitarlos sería pensar que nosotros no somos capaces de hacer el trabajo". Su par bonaerense, Manuel Blanco, señaló que "los veedores no pueden controlar todo el comicio; el control deben hacerlo los partidos con sus fiscales".
Su colega de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, agregó: "El Código Nacional Electoral tiene los instrumentos necesarios para controlar".
Por Mariano Obarrio
De la Redacción de LA NACION
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La Nación |
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