Alstom, la empresa francesa que encabeza el consorcio que construirá el tren bala, enfrenta en estos momentos en Europa una investigación por supuestos sobornos pagados en América del Sur y en Asia para obtener millonarios contratos en obras públicas.
Las investigaciones, que llevan adelante funcionarios suizos y franceses, no incluyen hechos cometidos en la Argentina, según se desprende de una investigación realizada por The Wall Street Journal y publicada en forma completa en la página 5 de esta sección. Todos los hechos investigados se produjeron entre 1995 y 2003.
El martes pasado, la presidenta Cristina Kirchner firmó el contrato de construcción del sistema ferroviario de alta velocidad que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba en tres horas. El proyecto, el más ambicioso que encara hoy el Estado, obligará al Gobierno a emitir deuda por alrededor de US$ 4000 millones. La construcción, que deberá estar lista en 48 meses, fue encargada al consorcio Veloxia, integrado por Alstom y por la española Isolux y las locales Iecsa y Emepa.
La investigación europea contra Alstom se suma a la que recientemente se conoció en Alemania contra Siemens AG y que sí incluye un capítulo argentino (se busca determinar si se pagaron sobornos a funcionarios de las administraciones encabezadas por Carlos Menem y Eduardo Duhalde).
El mismo día que se firmó el contrato, el martes de la semana pasada, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que "este tren es el símbolo de la corrupción del Gobierno", y anunció que su agrupación impugnará la licitación del proyecto ante el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y ante la Oficina Anticorrupción.
Coimas de US$ 200 millones
Los supuestos pagos indebidos por los que Alstom es investigada corresponden a la adjudicación de contratos como la expansión del tren subterráneo en San Pablo, la planta hidroeléctrica de Itá (también en Brasil) y otras obras en Venezuela, Singapur e Indonesia. En total, se habla de alrededor de US$ 200 millones en sobornos.
Anoche, LA NACION intentó conocer la opinión de la empresa en la Argentina. Las fuentes consultadas dijeron no estar al tanto de la investigación europea. Un vocero de la casa matriz de Alstom admitió ante The Wall Street Journal que las oficinas de la compañía habían sido allanadas, pero aclaró que no se habían formulado oficialmente cargos. El diario norteamericano también cita la declaración judicial de un ex director de operaciones de Alstom que reconoce que, entre 1998 y 2002, la compañía pagó comisiones para ganar contratos, usando efectivo de "una caja negra".
El camino que emprendió Alstom en la Argentina para quedarse con el tren bala no estuvo exento de obstáculos. Cuando el contrato fue adjudicado a Veloxia, en enero pasado, la propuesta financiera que se había presentado estaba firmada con el banco francés Société Générale. Pero, como consecuencia de sus propios problemas, la entidad desistió y fue reemplazada por el banco Natixis. Luego de varias idas y venidas (y con los plazos ya vencidos) el Gobierno aceptó emitir deuda pública por 2500 millones de euros (unos $ 12.500 millones) para financiar la iniciativa.
Otras polémicas giraron en torno del costo de la obra (el presupuesto original era de US$ 1350 millones) y de la conveniencia de esta inversión para la Argentina, cuando la mayoría de los ramales tiene serios problemas de funcionamiento o está directamente parada. Varios especialistas y dirigentes opositores criticaron al Gobierno por lo que consideraron un gasto "innecesario". La presidenta Cristina Kirchner defendió la iniciativa por considerarla "un salto a la modernidad".
El ramal correrá a una velocidad de alrededor de 320 km/h y utilizará la misma tecnología que usa en los más modernos corredores de Europa.
En el acto de adjudicación, el presidente de Alstom, Patrick Korn, reconoció la importancia estratégica de esta adjudicación para la compañía francesa. "Espero que este proyecto nos permita ganar otros proyectos [en la Argentina], como la provisión de servicios de transporte y energía", dijo.
"La Argentina recuperó el camino del crecimiento sostenido y el Gobierno apoya el desarrollo de infraestructura como parte de su política económica", prosiguió el ejecutivo. Y después redondeó la idea con un pedido: "No lo repitan, pero tenemos ganas de participar de este desarrollo de infraestructura".
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Fuente:
La Nación |
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